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La OMSA gastó más de 145 millones de pesos en “procesos de urgencias”

SANTO DOMINGO, R.D.- La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) pagó 145 millones 564 mil 199 de pesos, a nueve empresas, mediante los procedimientos de “urgencias”, según reveló la auditoría realizada a la entidad, entre el 22 de agosto de 2012 y el 17 de octubre de 2017 bajo la administración de Manuel Rivas, quien está preso por el caso del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, asesinado tras hacer una serie de denuncias de corrupción en esa institución del Estado.

El documento revela que de esa cantidad, 57 millones 799 mil 93 pesos fueron adjudicados a las compañías Tech solution E.K.R, SRL y Grupo Martisdom, SRL, son propiedades del Eddy Santana Zorrilla, acusado de sobornar a Ramírez Ferreras, y de su sobrina Rosary Margarita Hernández Santana, como consta en los certificados de las mismas, en el Registro Mercantil.

El resto del monto fue dividido entre las empresas C&S Comercial, CxA, contratado por el monto de 46 millones 213 mil 657 pesos; Lubricantes Diversos SRL (Ludisa), por 18 millones 126 mil 830 pesos; Grupo Eléctrico Herrera J A y SRL, por un 553 mil 470 pesos; Btj High Tecnology SRL, por 2 millones 753 mil 58 pesos; Ventosa Group SRL, por 5 millones 473 mil 772 pesos; Elgi-Tex SRL, por 6 millones 782 mil 851 pesos, e Ixpark Business SRL, por 6, millones 771 mil 468 pesos.

El entonces director de la OMSA, Manuel Rivas, solicitó las compras de urgencias mediante la resolución No. OMSA-DG-002-2017, el 25 de enero del año 2017, para la adquisición de equipos especiales para dotar el taller central del organismo.

Las empresas participantes para adjudicarse ese proceso de urgencia fueron Last Minute Solutions LMS, SRL; Distribuidora Agrícola y Pecuaria S&A SRL; Tech Solutions y Grupo Martisdom, resultando ganadoras del proceso, las últimas dos.

Las declaraciones de emergencias fueron presentadas en el informe técnico parcial presentado por los señores Nelson Mejía, gerente administrativo; Faustino Rosario, gerente financiero, quien también cumple prisión preventiva por el caso Yuniol, y Regil Herasme, gerente de servicios y mantenimiento.

La contratación oficial de las compañías se realizaron mediante el acta del 23 de febrero del 2017, firmada por los miembros del comité de compras y contrataciones, Pedro Messon, en representación del entonces director, Daniel Ruiz, en representación del gerente administrativo, William Hernández, consultor jurídico de la comisión y Rosa María Cruz, responsable del acceso a la información.

La auditoría comenzó luego de que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, la solicitara a la Cámara de Cuentas, cinco días después que se hallara el cadáver de Yuniol Ramírez, quien había denunciado irregularidades en la administración de Rivas.

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