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Miles de catalanes exigen liberación de presos políticos

ESPAÑA.- Más de 300.000 catalanes reclaman en Barcelona la libertad de los presos independentistas al cumplirse seis meses de los primeros encarcelamientos de figuras secesionistas, acusadas de rebelión por la Justicia española, por haber participado en el proceso de autodeterminación respecto a España.

“Libertad para los presos políticos” u “Os queremos en casa”, han sido las principales consignas lanzadas en una movilización que ha inundado este domingo las céntricas calles de Barcelona, la capital catalana, para manifestarse en apoyo de los separatistas en prisión preventiva por su papel en el fallido intento de secesión de octubre de 2017.

Los participantes en la marcha acudieron a la convocatoria organizada por Espai Democràcia i Convivència, una plataforma formada recientemente y compuesta por decenas de entidades políticas y sociales, de las que destacan cuatro: la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), siendo las dos últimas los dos mayores sindicatos de España.

Bajo el lema de la concentración: “Exigimos la libertad de todos los políticos y líderes encarcelados, así como el retorno de los exiliados”, los organizadores han abogado por la “defensa unitaria de las instituciones catalanas y el derecho de los catalanes a decidir su futuro”, así como por su “firme compromiso con el resultado del 21-D (elecciones regionales)”.

“Los problemas políticos se deben solucionar en la esfera política y por la vía del diálogo y la negociación”, han recalcado los dirigentes de la plataforma.

Los asistentes han exigido al Gobierno de Madrid la inmediata puesta en libertad de sus dirigentes independentistas, a saber: Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la ANC y Òmnium Cultural, respectivamente, y el exvicepresidente regional Oriol Junqueras, detenidos junto a otros exconsejeros de la Generalitat por su papel en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña el pasado 27 de octubre en el Parlamento catalán.

Las autoridades judiciales españolas les acusan de rebelión, un delito que está penado con 30 años de prisión y que implica la noción de alzamiento violento; algunos otros también están acusados de malversación de fondos públicos autonómicos.

La movilización se produce diez días después de la puesta en libertad bajo fianza del destituido presidente catalán, Carles Puigdemont, en Alemania, prófugo de la Justicia española, a la espera de ser extraditado a Madrid siempre y cuando así lo consideré oportuno la Justicia alemana.

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