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Denuncian oficiales del G-2 extorsionan camioneros en Neiba

palo-de-guaconejoSANTO DOMINGO, R.D.- Camioneros y campesinos del Valle de Neiba y de La Sierra denunciaron este jueves que miembros del G-2, del Ejército de la República Dominicana (ERD), han establecido varios puntos de chequeos en los alrededores del municipio de Cabral, mediante los cuales detienen y capturan camioneros de la zona, que cargan “guaconejo”, un árbol que se usa en la fabricación de aceites para perfumes y cuya explotación está sometida a regulación.

Según han denunciado, los oficiales proceden a “macutear” a quienes se dedican a recoger guaconejo, dentro del programa de explotación del bosque seco regulado por el Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con las federaciones de campesinos de la zona.

En el municipio de Cabral se ha establecido una fábrica que compra el guaconejo para usarlo en la fabricación de un aceite para perfumes, y según la denuncia, miembros del G-2 del Ejército han desatado “una cacería” y extorsionan para devolverles el medio de transporte”.

“Hay casos en que los apresados duran meses con sus camiones retenidos sin que los militares los despachen o los sometan a la justicia, en una clara acción que procura desesperar a los dueños de los vehículos les paguen”, dijeron.

Los denunciantes dicen que han tenido que pagar a los guardias 10, 15 y hasta 20 mil pesos para recuperar sus vehículos.

La situación ha sido comunicada, cuentan los denunciantes temerosos de los oficiales del Ejército, al viceministro de Medio Ambiente, Manuel Serrano; al director regional, con asiento en Barahona, Luis Piña, y al procurador de Medio Ambiente en la zona, Esteban Sánchez.

“Pero ellos también parece que les temen a los jefes del Ejército, que manejan los casos”, adujeron.

Los vehículos son retenidos en la Fortaleza del Ejército, donde opera la 5ta Brigada, en Barahona.

Consideraron que si hay violación de la Ley 64-00, de Medio Ambiente, se proceda según la misma, y no mediante “tribunales” marginales manejados por guardias que se están enriqueciendo.

Los perjudicados llamaron al ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, y al jefe del Ejército de República Dominicana, mayor general Braulio Alberto Alcántara López, para que “dispongan una investigación inmediata que permita sancionar y retirar de sus puestos a todos los implicados, que tanto daño hacen a sus instituciones”.

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