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Esperan MP reactive caso de corrupción y prevaricación

Miguel Pimentel KarehSANTO DOMINGO, R.D.- Concluido el proceso electoral, se espera que el Ministerio Público (MP) reactive los casos de funcionarios, jueces y fiscales que son investigados por la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (Pepca) y el Departamento de Inspectoría General, por supuestos hechos de prevaricación, soborno y otros actos reñidos con la ley, y que al parecer se han quedado suspendidos en el tiempo.

De los casos más escandalosos pendientes están el de la mafia que negociaba sentencias con personas ligadas al crimen organizado, y que según denuncia del propio procurador Francisco Domínguez Brito, integraban “jueces, empleados, exjueces, abogados y particulares”.

También el de presunto “soborno, estafa y extorsión” existente en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); el de los fiscales Ysidro Vásquez Peña y Robert Justo Bobadilla, uno por supuesta prevaricación y el otro por abuso sexual.

Además, el caso de la desaparición de varias armas de fuego de la Procuraduría Especializada para el Tráfico y Control de Armas.

En el caso de los jueces, seis meses han pasado desde la denuncia del procurador, y a la fecha solo hay dos procesados, la jueza Awilda Reyes Beltré y el ex consejero Francisco Arias Valera, ambos bajo arresto domiciliario.

Otros tres magistrados involucrados están pendientes de un juicio disciplinario, que ha sido aplazado seis veces. De uno se desconoce el estatus judicial, y los demás “empleados, exjueces, abogados y particulares”, nadie sabe quienes son.

Caso OISOE.

El caso de la OISOE fue develado hacen ocho meses, tras el suicidio del arquitecto David Rodríguez García, en un baño de la institución, y la nota que dejó, afirmando haber sido objeto de estafa y extorsión de parte de algunos ingenieros del organismo estatal.

Aunque más de 30 personas han sido investigadas por este caso, y la titular de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, ha dicho que no descarta interrogar al exdirector de la Oisoe, Miguel Pimentel Kareh, todavía no lo ha hecho, y solo guardan prisión preventiva los ingenieros Alejandro de los Santos Serrano y Yoel Soriano Fabián y el abogado Julio Rafael Pérez Alejo.

Casos fiscales

Sobre el caso del procurador fiscal adjunto, Vásquez Peña, a quien Nelson Rafael Cabral Veras, uno de los implicados en el caso del Banco Peravia, afirma haberle entregado US$125,000 como avance de un total de US$250,000 para que lo excluya del expediente, fue apresado el pasado 5 de enero, renunció del cargo, y está bajo arresto domiciliario.

Dos veces ha solicitado revisión de la medida de coerción impuesta, en procura de su libertad, y en ambas ocasiones el MP ha recusado a los jueces, motivando así, el aplazamiento de las audiencias.

Sobre el fiscal de Samaná, Justo Bobadilla, pesan varias querellas por supuesto acoso sexual y abuso de poder.

Está suspendido en sus funciones y es investigado por el procurador general adjunto Bolívar Sánchez, a quien dijo, someterá por supuestamente estar instrumentando una acusación disciplinaria en su contra con documentos falsos.

Asimismo, la desaparición de siete armas de fuego supuestamente incautadas a un narcotraficante, y por lo que fueron investigados varios empleados de la Procuraduría Especializada para el Tráfico y Control de Armas, es otro caso importante pendiente de solución.

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