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Emplazan procurador y jefe del PJ a respetar dignidad e integridad de jueces

Francisco Domínguez BritoSANTO DOMINGO, R.D.- El procurador general de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia fueron emplazados hoy a respetar la dignidad e integridad de los jueces que son desconsiderados públicamente cuando disponen la libertad de un ciudadano en contra del dictamen del ministerio público.

El emplazamiento a Francisco Domínguez Brito y Mariano Germán fue hecho por el Foro de Jurista por la Democracia y el Foro Penal, representados por los juristas Cándido Simón Polanco y John Garrido, en rueda de prensa celebrada en el edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría.

Sostienen los juristas que la colocación en palestra pública de un juez, por el hecho de disponer la libertad de un imputado, envía el mal mensaje de que el ministerio público tiene secuestrada la justicia penal.

Pusieron como ejemplo el caso de la magistrada Pilar Rufino Díaz, presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, quien dispuso el arresto domiciliario del Pascual Cordero “El Chino”, de quien otro tribunal había dispuesto su libertad.

Igualmente, mencionaron el caso del juez Rafael Ciprián, quien fue trasladado con degradación del Tribunal Superior Administrativo a la jurisdicción de tierra, a título de sanción, según se ha dicho.

Manifestaron que se ha generado el pánico y que las garantías judiciales están paralizadas, ya que hay favor entre los jueces, y que la gente no confía en el sistema, lo que genera más violencia y afecta la democracia, y al final perjudica a todos los ciudadanos.

“Es una mala práctica del ministerio público hacer denuncias sin misericordia cuando un juez no complace su dictamen” aducen los juristas.

Igualmente, indicaron que también falta el Consejo del Poder Judicial cuando se desprende con declaraciones públicas anunciando la apertura de una investigación a manera de censura pública, sin juicio previo, suspende los jueces para investigarlos y los traslada sin su anuencia a manera de sanción disciplinaria implícita, en desmedro del debido proceso administrativo”.

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