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Envian jefe de la Dican, fiscales y otros 5 a La Victoria por robo de drogas

Valerio hacia La Victoria. cópiaSANTO DOMINGO, R.D.- La jueza de la Cámara Penal de la provincia Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, impuso esta madrugada un año de prisión como medida de coerción a nueve de los implicados en el robo de 950 kilos de droga en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican), incluido su destituido director, el jefe de operaciones, dos fiscales adjuntos y oficiales, alistados y subalternos.Los ocho hombres fueron enviados a cumplir la pena en la cárcel de La Victoria, mientras una raso de la Policía, fue enviada a la cárcel de Najayo Mujeres.

La medida de coerción fue dictada en contra de los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro; el director de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio, y el jefe de operaciones, teniente coronel Feliz Humberto Paulino López.

También fueron enviado a La Victoria el mayor Luciano Gómez Cabrera, el primer teniente Bárbaro Torrez Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista y el sargento Pedro Almánzar González.

La raso Raidirys García Miranda fue enviada a la cárcel de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal.

Fernández Valerio, quien era uno de los hombres de más confianza y cercano al jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, fue designado al frente del DICAN en las primeras horas de la actual jefatura.

En varias ocasiones el mayor general Castro Castillo defendió sus actuaciones, alegando que ese oficial fue quien pidió la investigación.

Cuando los periodistas prenguntaban los motivos de la ausencia de Fernández Valerio en la DICAN, en la Policía se alega de que “estaba de vacaciones”, lo que resultó “muy raro” porque la Jefatura de la Policía prohíbe los permisos,vacaciones o traslados durante el período navideño.

Esta madrugada, tras conocerse el fallo de la jueza, nuestras fuentes dijeron que se gestionaría de inmediato que los imputados fueran llevados a la cárcel de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, en vez de La Victoria.

Algunas personas que escuchaban los comentarios, señalaban que el procurador Domínguez Brito no puede permitir eso, porque facilitaría a los imputados “entrevitarse” con sus cómplices.

La jueza Martínez Mejía acogió el pedimento del ministerio público, representado por el magistrado Robert Rodríguez, quien no presentó cargos en contra del mayor Carlos Amézquita Reinoso, el que tampoco fue llevado a la sala de audiencias, mientras que el caso del oficial Ruddy Japa fue dejado para el lunes, a las 5:00 de la tarde.

De inmediato el abogado defensor Alexander Suero, representante de Luciano Gómez Cabrera, dijo que recurrirá en apelación la decisión de la magistrada, debido a que había validado sin las pruebas sufiencientes la acusación del ministerio público.

Después de más de 10 horas de conocer el caso y escuchar los alegatos de las partes, la magistrada Martínez Mejía se retiró a deliberar a las 6:50 de la tarde y dio a conocer su veredicto pasada la 1:00 de la madrugada.

Algunos de los abogados de los imputados habían pedido la libertad pura y simple de sus clientes por alegar su inocencia y otros demandaban su libertad porque entienden que pasaron las 48 horas para ser presentados ante un juez.

El caso se conoció bajo estrictas medidas de seguridad, las cuales fueron reforzadas en el Palacio de Justicia, con cordón de agentes en la parte trasera del edificio, por donde iban a ser sacados los impu- tados.

La audiencia, que inició a las 10:00 de la mañana, fue recesada pocos minutos después, porque uno los imputados no tenía abogado y otro no había sido llevado al tribunal.

Se reanudó próximo a las 11:00 de la mañana, cuando el ministerio público empezó a presentar sus argumentos, siendo aplazada 45 minutos después hasta las 2:00 de la tarde, para que el ministerio público entregara a la defensa de los imputados la solicitud de medida de coerción y los medios de prueba, siendo continuada a esa hora, dando la oportunidad a los abogados de los acusados para que presenten sus argumentos.

Pruebas contundentes

El procurador general, Francisco Domínguez Brito, advirtió el viernes que las pruebas que incriminan a los involucrados en la sustracción de 950 kilos de drogas de la Dican están ahí, por lo que asegura que no hay motivos para descargar a los acusados.

“Ahí están todas las pruebas, los testimonios, todo, cómo ocurrió la operación, si alguien quiere descargar a alguien no es por falta de pruebas, será por otra razones. Ahora sí, yo advierto, si no somos duros con este tipo de situación, si no somos intolerantes con este tipo de complicidades, si no actuamos como tenemos que hacer, no vamos a romper esta cultura que muchas veces se da, de complicidad”, dijo.

Domínguez Brito declaró que en el país hay que abrir una guerra dura contra las complicidades que durante décadas han surgido en algunas instituciones y que involucran a quienes deben defender los intereses del pueblo.

“El caso de la Dican es uno de los casos más serios y que más atención le prestamos.

El crimen aliado, a quien debió perseguir el crimen, por eso esos oficiales y todo el que participó es una vergu¨enza para el país, es una vergu¨enza para todas las instituciones”, manifestó.

El jefe del ministerio público habló tras participar en el Foro Diplomacia Dominicana, en la Cancillería, que concluyó ayer.

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