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Buscan como aguja capitán PN vinculado a caso Dican

el capitanSANTIAGO, R.D.- La Comisión designada para investigar la sustracción de 950 kilos de cocaína de la Dirección Central Antinarcóticos (Dican), activa la persecución de un capitán de la Policía Nacional, acusado de estar vinculado a la venta de la droga que se distribuyó para los fiscales que participaron en el operativo.La comisión que integra el procurador adjunto Bolívar Sánchez Veloz y el titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, está tras las pistas del capitán policial Santos Medina Familia (Nachy).

Sobre este oficial, se informó que es propietario de una finca, ubicada en el municipio de Guerra, donde fueron llevados unos 700 kilos de la cocaína robada en el Dican.

De acuerdo con las fuentes, ese oficial, aliado con un socio de un importante hotel de la región, compró la cocaína a 10 mil dólares el kilo.

Ese dinero habría sido repartido entre varios oficiales, de acuerdo con fuentes de la Procuraduría, incluyendo tres coroneles, entre ellos, uno que adquirió un lujoso apartamento en un importante ensanche del Distrito Nacional, valorado en más de 30 millones.

El mismo no figura dentro de los oficiales, alistados y subalternos contra quienes el ministerio público solicitó orden de arresto por ante la jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía.

Durante el curso de la investigación se determinó que la distribución de los 950 kilos se realizó de la siguiente manera: 250 kilos para los fiscales adjuntos de la provincia Santo Domingo, Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro, quienes se encuentran detenidos.

Mientras que los 700 restantes quedaron bajo el control del jefe de Operaciones de la Dican, teniente coronel Félix Humberto Paulino López, quien a su vez después supuestamente colocó parte de la misma en el mercado local.

Las investigaciones determinaron que la alerta de la presencia de una sustancia en una casa en el Ensanche Isabelita, el 27 de septiembre pasado, la produce alegadamente un mayor de la Policía, quien suministra la información al fiscal Máximo Díaz Ogando, quien a su vez se comunicó con el jefe de operaciones de la Dican, procediendo a conformar el equipo que actuó en ese allanamiento.

Las actas judiciales de allanamiento en este caso, donde se ocupó 950 kilos de cocaína, fueron completadas con informaciones falsas, y no fue reportada para su proceso judicial ni mucho menos entregada a la cadena de custodia que debió transferir hasta el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Señala además que en las mismas se indicaba que no fue encontrado nada comprometedor y que la operación la habían ejecutado miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), los cuales no actuaron en el mismo.

Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, tráfico ilícito de droga, tráfico de influencia, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y lavado de dinero producto del narcotráfico, entre otros.

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