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Hasta ahora hay 21 vinculados al escándalo de la Dican

DicanSANTO DOMINGO, R.D.- La jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, fue designada para conocer una solicitud de medida de coerción en contra de 21 personas, incluyendo varios fiscales, oficiales, alistados y subalternos, acusados de la sustracción de más de mil kilos de cocaína de la Dirección Central Antinarcóticos (Dican).La magistrada Martínez fue apoderada de la solicitud de medida de coerción en contra del grupo, por el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Manuel del Socorro Pérez García.

El apoderamiento se produce luego de que la Procuraduría General de la República, solicitara al presidente del tribunal de alzada la designación de un juez para conocer el pedimento en contra de los implicados, que incluyen Ministerio Público, coroneles, capitanes, mayores y sargentos.

Empero, se espera en las próximas horas la magistrada fije la fecha de la solicitud de medida de coerción en contra del grupo que se encuentra en libertad.

No obstante, se informó que uno de los fiscales involucrados, Máximo Díaz, fue suspendido por disposición del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.

Previo a la designación de la magistrada, el Procurador de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, se reunió con el Presidente de la Cámara Penal y posteriormente con la fiscal de esa jurisdicción, Olga Diná.

El caso de la designación de juez y solicitud de medida de coerción en contra de los fiscales y de los agentes del cuerpo del orden se viene manejando con hermetismo, por parte de los actores del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Tanto es así que en la Secretaría General del Palacio de Justicia de la Charles de Gaulle, se le prohibió a los empleados darle a los periodistas, los nombres de los fiscales y de los agentes del cuerpo del orden contra quienes se solicitó dicha medida.

Al principio, el caso fue depositado ante el Juzgado de Atención Permanente, pero luego fue retirada y apoderada a la presidencia de la Corte, en vista de que los fiscales adjuntos involucrados en el hecho tienen jurisdicción privilegiada.

Se recuerda que los fiscales adjuntos Máximo Díaz y Leonidas Suárez, participaron en el allanamiento del pasado 27 de septiembre en una residencia del ensanche Isabelita, en el municipio Santo Domingo Este.

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