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Se querellan contra Jaime David y Contreras en la SCJ

Jaime David Fernández MirabalSANTO DOMINGO, R.D.- La Suprema Corte de Justicia fue apoderada este miércoles de un sometimiento en contra del Ministro de Deportes y el asesor medioambiental del Poder Ejecutivo, quienes fueron acusados de ordenar la construcción de una cancha de futbol en una propiedad privada, en el municipio de Dajabón, cerca de la frontera.El sometimiento en contra del Ministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal, y de Domingo Contreras, fue presentado por ante la secretaria general de la Suprema Corte por el presidente de la empresa Capital Holding, Ramón Javier Cruz, a través de su abogado Jesús Feliz Jiménez.

A los funcionarios se les acusa de violar el articulo 146, sobre proscripción, y el artículo 51, sobre derecho de Propiedad , ambos de la Constitución, así como los artículos 114 y 183, del Código Penal Dominicano, que tipifican el abuso de de Poder y la prevaricación, respectivamente.

De acuerdo a la querella, el ministro ordenó a unos militares penetrar con equipos pesados a una porción de terrenos de una extensión de aproximadamente 42,00 metro cuadrado, localizada, para una cancha binacional a los fines de que los nacionales haitianos vengan a intercambiar con dominicanos.

Conforme con la instancia, el pasado 16 de octubre un contingente de civiles, policía y militares, bajo mandato de Fernández Mirabal y Domingo Contreras, dentro de la parcela No.38, del DC.No.4, cerca de la frontera, donde rompieron y con equipos pesados iniciaron trabajos de construcción, impidiendo la entrada a los que alegan son los legítimos propietarios.

“De una manera ilegal, grosera y abusiva, personal civil, policial y militar, se presentaron en la propiedad de nuestro defendido y la ocuparon sin ningún documento legal que los avale ni la presencia de alguna autoridad judicial ni del Ministerio Publico”, adujo el jurista.

Feliz Jiménez, quien fue director del antiguo Departamento de Prevención de la Corrupción, sostuvo que para penetrar al Parque Industrial, propiedad del querellante, el grupo de militares y civiles, rompieron el candado y destruyeron la verja de seguridad, en contraposición al derecho a la propiedad privada.

Manifestó que la intención de los funcionarios es la de apropiarse de esos terrenos para construir en ellos una cancha de futbol que sería usada para que los “hatianos” puedan practicar ese deporte.

“Por esa burda violación a la propiedad privada y al estado de derecho es que estamos procediendo a someter penalmente a estas personas y lo hacemos ante la Suprema Corte, en virtud a que por su condición de funcionarios cuentan con jurisdicción privilegiada”, acotó Feliz Jiménez.

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