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Policía aprueba uso de armas letales contra opositores en Bolivia

BOLIVIA.- La Policía de Bolivia aprobó el uso de armas letales y no letales contra manifestantes opuestos a la golpista Jeanine Áñez.

La medida, que hoy se suma a los métodos represivos cuestionados por organismos defensores de derechos humanos, se debe en parte a las declaraciones vertidas por Andrónico Rodríguez, el vicepresidente de las Seis Federaciones de Cultivadores de Hoja de Coca de Cochabamba, que el pasado 5 de enero animó a reiniciar el Movimiento Al Socialismo (MAS), las manifestaciones contra el golpismo y el fascismo el próximo 22 de enero.

En su anuncio, Rodríguez aseguró que el 22 de enero sería el último día de la gestión de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. Sin embargo, el miércoles el Tribunal Plurinacional aprobó por unanimidad extender el mandato de la presidenta de facto hasta la elección de un nuevo gobierno tras los comicios del próximo 3 de mayo de 2020 y, también, alargó la gestión de senadores y diputados prevista a concluir en igual fecha.

Previamente, el gobierno de facto anuló los comicios de octubre y fijó el próximo 3 de mayo como fecha para celebrar nuevas elecciones anticipadas, en las que los bolivianos volverán a elegir a su futuro presidente. Distintos analistas, no obstante, dudan de la celebración de unas votaciones democráticas.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció en diciembre la habilitación legal del MAS para participar en los próximos comicios.

Las víctimas de las represiones, condenaron la decisión de uso de armas letales, ya que, hasta la fecha, se registran más de una treintena de personas muertas, cerca de 800 heridos y 1500 detenidos en esos enfrentamientos, y consideran que este tipo de represión atenta con los derechos de los ciudadanos bolivianos.

La misión de observación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) desplegada en ese país documentó estas acciones de la Policía boliviana como violaciones a las libertades civiles y concluyó que los hechos de violencia ocurridos durante las protestas “podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos”.

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